Obispos de EE.UU. respaldan ley bipartidista para retener a trabajadores religiosos extranjeros

Varios obispos de Estados Unidos están elogiando un esfuerzo bipartidista propuesto para mantener en el país a trabajadores religiosos —incluidos sacerdotes católicos— mediante la extensión de sus visas especiales, en lugar de enviarlos de regreso a sus países de origen por periodos prolongados.

Desde hace meses, líderes católicos han advertido sobre una crisis inminente, en la que muchos sacerdotes radicados en EE.UU. se verían obligados a abandonar sus ministerios y regresar a sus países de origen, tras lo cual estarían sujetos a largas esperas antes de poder volver.

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Un cambio en las normas de visado en 2023 generó una acumulación de solicitantes que amenaza con impedir que los sacerdotes obtengan la residencia permanente (green card) antes de que expire su visa inicial de trabajador religioso.

Este retraso se generó cuando el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aumentaron el número de inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras que solicitan visas EB-4, la categoría especial utilizada por los trabajadores religiosos.

Las autoridades eclesiásticas han advertido que esta acumulación podría generar una grave escasez de sacerdotes en el país. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) afirmó que, debido al cambio normativo, los inmigrantes con visas temporales R-1 de cinco años podrían verse obligados a regresar a sus países y esperar muchos más años por una visa permanente EB-4.

Reforma de visa “urgentemente necesaria”

El martes, un grupo de senadores estadounidenses, entre ellos Tim Kaine (demócrata por Virginia) y Susan Collins (republicana por Maine), presentó el Religious Workforce Protection Act, o Ley de Protección para la Fuerza Laboral Religiosa, que permitiría a los inmigrantes con visa R-1 “permanecer en EE.UU. mientras esperan la residencia permanente”, según un comunicado de prensa de la oficina de Kaine.

El proyecto de ley propuesto, que tiene apenas tres páginas, ofrece una “solución específica” a la crisis inminente de las R-1, “otorgando al secretario del DHS la autoridad para extender el estatus temporal R-1 más allá de los cinco años, hasta que se tome una decisión sobre la solicitud de residencia permanente”.

La medida fue elogiada por varios obispos estadounidenses, entre ellos el Obispo Mark Seitz, de El Paso, Texas, presidente del comité de migración de la USCCB.

“Aplaudimos este esfuerzo bipartidista, que reconoce la importancia de los trabajadores religiosos nacidos en el extranjero para las comunidades de todo el país”, afirmó Mons. Seitz en un comunicado. “Sin ellos, muchos estadounidenses quedarían sin los servicios religiosos y sociales esenciales que brindan”.

El Obispo Barry Knestout, de Richmond, Virginia, señaló que la diócesis ha “dependido de sacerdotes misioneros de todo el mundo” desde su fundación en 1820.

“La pérdida de un miembro del clero confiable debido a restricciones migratorias poco prácticas, agravadas por importantes retrasos en las visas, afecta profundamente el libre ejercicio de la vida religiosa de nuestros feligreses”, afirmó Mons. Knestout, quien celebró que la legislación propuesta ayude a “aliviar la carga sobre nuestros feligreses, nuestras parroquias y toda la Diócesis de Richmond”.

Los obispos Earl Fernandes, de Columbus, Ohio, y James Ruggieri, de Portland, Maine, también elogiaron la legislación. Mons. Ruggieri la calificó como “urgentemente necesaria”, mientras que Mons. Fernandes afirmó que permitirá a “muchos de nuestros sacerdotes y religiosas continuar sirviendo al pueblo de Dios y a nuestras comunidades locales a través de su ministerio”.

Una medida similar fue presentada el mismo martes en la Cámara de Representantes de EE.UU.

En noviembre de 2024, el Arzobispo de Milwaukee, Mons. Jerome Listecki, se unió a varias diócesis para solicitar al gobierno federal que aborde la acumulación de solicitudes de visas EB-4.

En 2023, el comité de migración de la USCCB se sumó a una carta interreligiosa que advertía al gobierno sobre las “dificultades crecientes para dotar de personal a lugares de culto, centros comunitarios, escuelas, obras de caridad y otros espacios” como resultado del cambio en las normas.

La carta pedía al gobierno que “haga todo lo que esté a su alcance para preservar el acceso significativo” a las visas para los trabajadores religiosos.

 Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.

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