Líbano abole la pena de muerte, pero la ley de amnistía genera debate
Por
Romy Haber
Este mes, Líbano se convirtió en el primer país de Medio Oriente en abolir la pena de muerte, una medida histórica que recibió amplios elogios internacionales y fue celebrada como una gran victoria para la dignidad humana y los derechos humanos.
Apenas unos días después, otra medida histórica conocida como ley de amnistía general resultó mucho más controvertida. La legislación ha provocado un intenso debate, particularmente en los círculos cristianos libaneses, en medio de preocupaciones por la seguridad pública, la rendición de cuentas y los derechos de las víctimas.
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Un hecho sin precedentes en la región
Líbano no llevaba a cabo una ejecución desde 2004, pero sus tribunales continuaban dictando sentencias de muerte, incluida una en una apenas el 10 de agosto. Según Amnistía Internacional, al menos 85 personas permanecían condenadas a muerte en enero.
En Líbano, la pena capital se aplicaba generalmente a delitos graves, incluidos el asesinato, el terrorismo y el espionaje.
La nueva ley distingue a Líbano en una región donde las ejecuciones siguen siendo generalizadas. Amnistía Internacional registró más de 2.000 ejecuciones en Irán y más de 350 en Arabia Saudita el año pasado. En junio, Jordania ahorcó a seis hombres condenados por matar a miembros de las fuerzas de seguridad, poniendo fin a una moratoria de nueve años. A comienzos de este año, el Parlamento de Israel también aprobó una ley que permite ejecutar a palestinos condenados por ataques mortales.
Líbano había apoyado reiteradamente los llamados de las Naciones Unidas a establecer una moratoria sobre la pena capital, incluida una resolución de 2024 sobre el tema. El ministro de Justicia, Adel Nassar, describió su abolición como una medida “histórica”.
La amnistía general genera preocupación entre los cristianos
Mientras la decisión de poner fin a la pena capital ha recibido amplios elogios, la aprobación parlamentaria de una ley de amnistía general provocó una reacción claramente diferente y generó una intensa controversia, particularmente en los círculos cristianos.
La ley abarca los delitos cometidos antes del 1 de marzo de 2026 y excluye de un indulto total varios delitos graves, en particular el terrorismo, el asesinato premeditado, la traición, el espionaje, la corrupción, los delitos bancarios, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. También están excluidos la violación, la trata de personas, la violencia doméstica, el abuso sexual de menores, la tortura, la desaparición forzada y ciertos delitos relacionados con las drogas, el robo y el medioambiente.
No obstante, quienes hayan sido condenados por delitos excluidos se beneficiarían de una reducción de sus penas: la cadena perpetua con trabajos forzados sería conmutada por una condena de 17 años —equivalente a aproximadamente 12 años y nueve meses de reclusión efectiva según el sistema libanés—, mientras que las demás penas se reducirían en un tercio.
La ley ha generado una amplia controversia, particularmente en los círculos cristianos, donde las preocupaciones se concentran en sus posibles consecuencias para la seguridad. Los críticos advierten que liberar a un gran número de presos o reducir sus condenas, en ausencia de programas eficaces de rehabilitación y reinserción, podría dejar a algunos expuestos a reincidir en el delito o ser reclutados por partidos políticos armados, grupos extremistas y redes de narcotráfico. Estos temores se ven agravados por la debilidad de las instituciones estatales y por una economía incapaz de ofrecer suficientes oportunidades de empleo.
Los opositores sostienen que la legislación no aborda los problemas de fondo: el hacinamiento carcelario, las detenciones preventivas prolongadas, la lentitud de los juicios y un sistema judicial disfuncional. Según los críticos, la respuesta adecuada sería acelerar los procedimientos judiciales para que los inocentes sean liberados y los culpables rindan cuentas, en lugar de dejar sin efecto de manera colectiva los procesos y las condenas.
La ley también ha planteado una cuestión fundamental sobre los derechos de las víctimas.
“En lugar de acelerar los juicios y resolver los casos para absolver a los inocentes y condenar a los culpables, los supuestos expertos recurren a la solución más fácil: una amnistía general”, escribió el P. Dany Dargham en las redes sociales. “Las preocupaciones de los partidos cristianos siguen reducidas a ganar votos en las elecciones municipales, parlamentarias y de consejos locales, mientras la causa de una existencia libre y digna continúa ausente de su agenda”.
Además, en un país confesional como Líbano, las decisiones políticas rara vez son consideradas al margen del delicado equilibrio entre las distintas comunidades, pues cada comunidad religiosa se pregunta qué obtuvo de un acuerdo determinado. Algunos cristianos consideraron que la disposición que permite regresar a los ciudadanos libaneses que huyeron a Israel después de 2000 —siempre que no hubieran participado en actividades militares o de seguridad— era el principal beneficio que su comunidad obtenía de la ley.
Sin embargo, el diputado Ziad Hawat afirmó que quienes poseen la ciudadanía israelí tendrían que renunciar a ella. Su declaración llevó a muchos a preguntarse cuántas personas regresarían realmente, si es que alguna lo hace.
La activista política libanesa Maryam Younes, quien vive exiliada en Israel, respondió en un video: “No pueden incluirnos en una ley que indulta a criminales, violadores y asesinos, cuando nuestro delito fue defender nuestra tierra. No creemos que esta amnistía general nos concierna. Tampoco puede nadie garantizarnos que, si regresamos a Líbano, Hezbolá no nos hará daño. Ciertamente no regresaremos ahora”.
Artículo publicado originalmente en ACI MENA. Traducido y adaptado por el equipo de EWTN News y ACI Prensa.
Romy Haber
Romy Haber es una periodista e investigadora libanesa, licenciada en periodismo y con estudios de posgrado en seguridad internacional, especializada en asuntos de minorías en Oriente Medio.