La Iglesia en México “está robando la ‘clientela’ al crimen organizado y por eso los matan”, alerta experta

Por primera vez, México aparece en el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN), un documento que alerta sobre la creciente vulnerabilidad de las comunidades religiosas en diversas regiones del planeta. “El crimen organizado actúa como agente de persecución en zonas donde el Estado es débil o ha perdido el control”, se lee en el documento presentado el martes.

Según Marcela Szymanski, experta en libertad religiosa de ACN, la labor de la Iglesia para brindar esperanza y asistencia social se convierte en un blanco indirecto de los grupos criminales. “La Iglesia, con su deber de dar oportunidades y consuelo a una población que está sufriendo pobreza e inseguridad, está ofreciendo cursos, oportunidades de empleo, abriendo lugares de acogida para mujeres golpeadas, haciendo refugios para migrantes. Pero, sin saberlo, están tocando los intereses económicos de los señores del crimen organizado”, señala en declaraciones a ACI Prensa.

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De acuerdo con Szymanski, estas acciones de ayuda representan una pérdida económica significativa para los cárteles, que tradicionalmente explotan a mujeres para la prostitución o cobran miles de dólares a migrantes para cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos.

Presentación del informe sobre libertad religiosa. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News
Presentación del informe sobre libertad religiosa. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

 

“En 2024, hubo 2.1 millones de migrantes interceptados sólo en la frontera terrestre. Si la mitad de ellos no pagó mil dólares a los cárteles, hablamos de mil millones de dólares que los criminales dejaron de recibir. Por eso es un objetivo. Le está robando la ‘clientela’ al crimen organizado y por eso los matan”, explicó.

A los sacerdotes de la sierra, los matan antes de que llegue la policía

El peligro para los líderes religiosos es real y palpable. Szymanski describe casos extremos de violencia contra sacerdotes y activistas: “Van y matan al padre que organiza las clases para pobres, allá en la sierra. Los sacerdotes están completamente indefensos”. Incluso las medidas cautelares impuestas por organismos internacionales resultan insuficientes frente a la violencia local.

“En la Organización de Estados Americanos, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se imponen medidas cautelares para proteger a algún sacerdote amenazado, como un reloj con un botón de emergencia. Pero si están en la sierra, los matan antes de que llegue la policía”, asegura. 

La experta pone un ejemplo concreto: el 24 de octubre del año pasado, asesinaron al P. Marcelo Pérez en un barrio popular de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en el sur de México. Había dedicado su vida sacerdotal a ayudar a las comunidades indígenas y alzar la voz contra los caciques y la violencia de los poderosos. 

“Llevaba uno de esos relojes, relata Szymanski, pero cuando llegó la ayuda, ya estaba muerto”. “Es urgente que estas medidas sean más serias, porque están inadaptadas al nivel de peligro que corren estos servidores”, reclama.

Seis obispos que intentaron mediar fueron secuestrados

El informe de ACN subraya la necesidad de visibilizar la violencia que enfrentan las comunidades religiosas en México y de reforzar mecanismos efectivos de protección. “La Iglesia cumple su misión ofreciendo consuelo y esperanza, pero los servidores de estas comunidades pagan un alto precio en regiones donde el Estado no puede garantizar seguridad. Es un fenómeno que exige atención internacional”, pone de manifiesto Szymanski.

La situación se agrava en territorios dominados por cárteles particularmente violentos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación. “Seis obispos intentaron mediar entre los grupos para que dejaran de pelear por el territorio, pero fueron secuestrados. Es una situación súper difícil, pero hay que avanzar poquito a poquito”.

En todo caso, la tecnología puede ser una gran aliada si se usa bien. La experta asegura que algunos sacerdotes han empezado a usar aplicaciones como Eyewitness Atrocity para documentar los hechos: “Toman una foto, se envía y desaparece del teléfono. Es decir, permiten denunciar sin necesidad de acusar a nadie, pero dejan un registro invaluable”, explica Szymanski.

La experta subraya que la colaboración entre diócesis, movimientos católicos y comunidades locales es crucial para proteger a los servidores religiosos: “Tenemos que unirnos. Cuatro, cinco obispos, cuatro diócesis, tres movimientos católicos, tres movimientos de Iglesia. Vamos a hacer esto. Aunque parezca pequeño, es lo que permite construir protección y pruebas frente a la violencia”.

Deriva autoritaria en México

Además, la experta en libertad religiosa de ACN alerta de la deriva autoritaria en el país que “impacta directamente la libertad religiosa”. La falta de autonomía de instituciones fundamentales minan la democracia, explicó, y, por tanto, la libertad religiosa.

“En México eliminaron el sistema judicial a partir del 1 de septiembre; ahora forma parte del Ejecutivo. Se ha formado un imperio que nadie vio. Todo el mundo sigue creyendo que es una especie de democracia porque hay elección, pero los problemas que tenemos son la falta de conciencia”, señaló Szymanski.

La experta advirtió que, mientras la Iglesia Católica se centra en brindar esperanza y oportunidades, se ignora que muchos ciudadanos enfrentan violencia y pobreza generalizadas. “Si se unieran podrían ofrecer soluciones conjuntas, pero los autócratas destruyen poco a poco todas las instancias de verificación y corroboración”, añadió.

Entre los ejemplos citados por Szymanski están la Agencia de Verificación del Precio de la Energía, eliminada y ahora sin control sobre los precios, y la Agencia Nacional de Competencia, que ya no regula posibles monopolios. A esto se suma la concentración del poder en un solo partido político y la paralización del Instituto Nacional Electoral, ahora con apenas el 20% de su presupuesto, lo que compromete la posibilidad de elecciones creíbles.

La experta también denuncia que los líderes religiosos y medios de comunicación enfrentan censura, multas impagables o incluso prisión por criticar al Gobierno. “Mientras, desaparecen los recursos y los tribunales a los que podrías acudir”, concluyó.

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